Transitar de un gobierno que cumple con la ley de transparencia, a un gobierno abierto con enfoque preventivo de la corrupción, con la finalidad de generar información útil como mecanismo para la rendición de cuentas.
Realizar las auditorias programadas que permitan señalar oportunamente las desviaciones normativas y las trasgresiones a los principios que rigen la gestión gubernamental.
Fortalecer la participación ciudadana a través de Comités de Contraloría Social para prevenir la corrupción en los programas de desarrollo social.
Impulsar la coordinación interinstitucional por medio de la constitución de los Órganos Internos de Control (OIC) en las dependencias y entidades, que permita promover la prevención, la investigación y la sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción.
Realizar la oportuna substanciación de los procedimientos en materia de responsabilidades administrativas para evitar la prescripción y el rezago de la facultad sancionatoria de la Contraloría General del Estado.
Llevar a cabo la inspección y vigilancia del desarrollo de cada una de las etapas de la obra pública y servicios agropecuarios con la finalidad de detectar oportunamente acciones u omisiones normativas que trasgredan los principios que rigen la gestión gubernamental.